EL CONSUMISMO SE ENGULLE AL PLANETA

El ritmo del consumo de bienes y servicios en nuestro planeta tierra es, a todas luces, insostenible. El Instituto Worldwatch afirma que mientras casi 3.000 millones de personas sobreviven con menos de US$2 diarios, más de 1.700 millones, o sea más del 25% de la población mundial, ha adoptado un estilo de vida que en el pasado era exclusivo de los ricos. Hoy en día, los más ricos del mundo usan en promedio 25 veces más energía que los más pobres, y Estados Unidos, con sólo 4,5 por ciento de la población mundial, libera 25 por ciento de todas las emisiones de dióxido de carbono. A nivel mundial, la demanda de agua se triplicó. El número de grandes represas trepó de 5.000 en 1950 a más de 45.000 en la actualidad. En el último siglo, la mejora de la eficiencia de la producción hizo aumentar el consumo. Por ejemplo, los trabajadores industriales modernos producen hoy en una semana lo que a sus homólogos del siglo XVIII les llevaba cuatro años. En Estados Unidos, en el año 2000, se necesitaban apenas 12 horas para producir lo que en 1950 requería 40 horas de trabajo. El gasto mundial en publicidad alcanzó 446.000 millones de dólares en 2002, casi nueve veces más que en 1950. Más de la mitad de esa cantidad la gastan supermercados de Estados Unidos.

Estoy de acuerdo con Christopher Flavin, Presidente del Worldwatch Institute, en que el aumento del consumo ayudó a satisfacer necesidades básicas y a crear empleo, pero ese apetito se ha vuelto desmesurado, y perjudica los sistemas naturales de los que dependemos, haciendo aún más difícil a los pobres del mundo satisfacer sus necesidades básicas. En palabras del mismo directivo, “El alto porcentaje de obesidad y de endeudamiento personal, la falta crónica de tiempo y el ambiente degradado son señales de que el consumo excesivo disminuye la calidad de vida de muchas personas. El desafío ahora es movilizar a gobiernos, empresas y ciudadanos para que dejen de concentrarse en la acumulación desenfrenada de bienes y se aboquen a buscar formas de asegurar una vida mejor para todos”.

Según el último reporte de octubre de la organización Planeta Vivo, la humanidad utiliza ahora el equivalente a un planeta y medio para satisfacer sus deseos, especialmente debido al consumismo de los países más ricos. Lo anterior nos indica que si nada cambia en nuestros modos de consumo la humanidad necesitará de dos planetas para cubrir sus deseos en el 2030. Si cada habitante de la tierra viviera como un ciudadano medio de Estados Unidos o de los Emiratos Árabes se necesitaría una biocapacidad equivalente a más de 4,5 planetas para responder al consumo y absorver las emisiones de CO2. Pero si, por el contrario todo el mundo viviera como un ciudadano medio de la India la humanidad no alcanzaría a utilizar la mitad de la biocapacidad actual del planeta.

Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Dinamarca, Bélgica, Estados Unidos, Estonia, Canadá, Australia, Kuwait e Irlanda son los paises que causan el mayor impacto ecológico en la tierra, lo que traduce que el sobreconsumo de los llamados paises del norte se hace a crédito sobre los recursos de los paises del sur y por eso el declive de la biodiversidad en estos es mucho mayor al de aquellos. En efecto, se ha calculado que la disminución global de la biodiversidad entre 1970 y 2009 es de un 30%, mientras que, en tratándose de paises tropicales, es del 60%.

Todo lo anterior quiere decir que si no se modifica el hiper-consumismo de las economías del norte, creando una cultura del consumo más prudente, sustentable y responsable, no habrá solución posible para el cambio climático, el agotamiento de los recursos vitales como el agua y el aumento descontrolado de la pobreza. De cuándo y cómo se haga ese cambio está dependiendo toda la humanidad.

REGALÍAS: EL ARGUMENTO DE LA INEFICIENCIA

Otro argumento destacado del Gobierno Central en la exposición de motivos del proyecto de acto legislativo modificatorio del régimen de regalías es el de la ineficiencia de los entes territoriales productores en el logro de indicadores sociales.

“El marco legal vigente, establece la exposición de motivos, definió como uso prioritario de las regalías la financiación de la prestación de servicios sociales, haciendo especial énfasis en salud, educación, agua potable y la reducción de la mortalidad infantil, destinación que sólo podrá cambiarse cuando las entidades territoriales beneficiarias cumplan con las coberturas mínimas29 en los sectores señalados...

...Uno de los objetivos propuestos desde la expedición de la Ley 141 de 1994 fue promover que los departamentos y municipios receptores de regalías alcanzaran las coberturas mínimas de los servicios de educación, salud, agua potable, alcantarillado y mortalidad infantil. Mientras las entidades territoriales beneficiarios de regalías no alcancen las coberturas mínimas en estos sectores, los departamentos deben asignar por lo menos el 60% de los recursos de regalías y compensaciones, y los municipios el 75% de estos recursos, hasta lograr dichos propósitos.

El incentivo para aquellas entidades territoriales que alcancen las coberturas mínimas consiste en reorientar los recursos de regalías a otros proyectos de inversión contenidos en el plan de desarrollo, diferentes de los requeridos para lograr las coberturas mínimas. De las entidades territoriales que actualmente son beneficiarias de recursos de regalías y compensaciones, ninguna ha logrado cumplir todas las coberturas mínimas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (Artículo 120 de la Ley 1151 de 2007) en los sectores de: educación, afiliación a salud, mortalidad infantil, agua potable y alcantarillado”.

Se debe, en gracia de discusión, aceptar parcialmente el argumento, máxime ante los casos de algunos entes territoriales no productores que han podido superar todas o algunas de esas metas sin el recurso de las regalías. Pero lo más justo en este caso, por parte del Gobierno y del Congreso, es analizar en detalle cada uno de los indicadores de cada uno de los entes productores, con una mirada de mediano y largo plazo, considerando las mútiples variaciones, yo diría caprichosas, de interpretaciones y metodologías de medición emanadas de Planeación Nacional. Esto les indicaría, con seguridad, que el Huila, aunque aparezca actualmente en la lista negra de aquellos entes que no han logrado los niveles mínimos de coberturas en todas las áreas, sí ha avanzado sustancialmente, encontrándose a punto de alcanzar todas esas metas, salvo la de saneamiento básico que durante estos últimos años ha sido imposible dada la política nacional tortuosa de los Planes Departamentales de Agua. No creemos que el Gobierno Nacional, mediante esta estrategia de más burocracia con la creación de 4 Fondos, logre que las entidades territoriales alcancen los indicadores propuestos, en un plazo mediano, ni siquiera volviendo a modificar, esta vez para hacerla más benévola, la metodología de la medición de dichos resultados, lo que en todo caso pudiera hacer dejando la función y la responsabilidad en manos de los entes territoriales productores.

Por otro lado, no se puede esgrimir la tesis de que el centralismo sea más eficiente que la descentralización administrativa cuando de cumplir metas se trata. O si no que responda el gobierno nacional por qué, después de doscientos años de vida republicana, aun tenemos semejantes niveles de desempleo, de pobreza e indigencia, de cobertura en educación superior, de déficit habitacional, de muertes violentas, de inseguridad ciudadana, de competitividad y productividad, de déficit de infraestructura, de empresarización, de informalidad, de corrupción, de deuda pública y de déficit fiscal, entre otros.

Claro que, en esta etapa de la discusión, las esperanzas de que triunfen las razones son ya muy débiles y, por eso, toda la región empieza a contemplar con tristeza la mobilización y la presión social como única tabla de salvación ante la imposición de las aplastantes mayorías oficiales en el Congreso de la República.

REGALÍAS: EL ARGUMENTO DE LA CORRUPCIÓN

Mucha literatura hemos leido en estos últimos días acerca del proyecto de acto legislativo por medio del cual se pretende modificar el régimen de las regalías, pero la que más me ha llamado la atención por todos los aspectos que aborda es la contenida en la misma exposición de motivos del proyecto, pues se trata de toda una serie de argumentaciones basadas en cifras parciales y en justificaciones que solamente se intenta aplicar sin consideración a los entes territoriales, cuando sobre todo son válidas para el sector central de la administración pública.

En efecto el gobierno afirma en torno a la incorrecta utilización del recuros de regalías: “Las interventorías administrativas y financieras contratadas por la Comisión Nacional de Regalías – Entidad Liquidada, tenían como objeto contractual verificar que la ejecución, distribución y destinación de los recursos de regalías y compensaciones, así como de las asignaciones provenientes del Fondo Nacional de Regalías para las vigencias 2001-2004, se ajustarán a la Ley. En virtud de lo anterior, se evidenciaron 27.610 presuntas irregularidades contractuales, presupuestales, por problemas financieros, en proyectos y en la documentación, que fueron reportadas a los Organismos de Control y/o Fiscalía General de la Nación según corresponda. En este sentido, en el gráfico siguiente se puede observar las entidades con mayor número de irregularidades reportadas, destacándose los departamentos de Santander, Casanare, Córdoba, La Guajira, Cesar, Sucre y Huila (el cuadro muestra los siguientes porcentajes: Santander 16%, Casanare 13%, Córdoba 12%, Guajira 11%, Cesar 8%, Sucre 6%, Huila 6%, Bolívar 5%, Antioquia 5%, Putumayo 4%, Arauca 4%, Meta 3%, Norte de Santander 2%, Tolima 2%, Boyacá 2%)... Ahora bien, continua la exposición de motivos, en relación con la vigencias 2005 a 2010 el DNP en virtud de las funciones recibidas de la extinta Comisión Nacional de Regalías, ha reportado 21.681 presuntas irregularidades a Órganos de Control, con el siguiente resultado por departamentos, así: Córdoba 19%, Guajira 15%, Sucre 13%, Santander 12%, Cesar 6%, Meta 6%, Casanare 4%, Arauca 4%, Antioquia 3%, Huila 3%, Bolívar 3%, Boyacá 2%, Putumayo 2%, Tolima 2%, Chocó 2%...Para el período 2005-2010, sigue diciendo la exposición de motivos del proyecto, al evaluar los resultados de las acciones de control administrativo y financiero se concluye que las principales razones generadoras de irregularidades en el uso de las regalías y compensaciones, se encuentran las faltas a la contratación correspondientes a la inobservancia de procesos de selección objetiva, ejecuciones extemporáneas de los contratos, omisión de la contratación de la interventoría técnica, dificultades en la formulación de los proyectos por ausencia de estudios previos adecuados y falta de otorgamiento de licencias, violación de la ley de regalías por el financiamiento de gastos de funcionamiento, gastos sin competencia legal e incumplimiento de los porcentajes mínimos que exige los artículos 14 y 15 de la Ley 141 de 199431, modificados por los artículos 1º y 2º de la Ley 1283 de 200932, manejo indebido del presupuesto por la inadecuada constitución de reservas, incumplimiento de las normas para comprometer el presupuesto, deficiencias en el estructura del plan de desarrollo e inadecuado manejo de los recursos reflejado en la inversión de las regalías en operaciones no permitidas.”

Al final de toda la argumentación, el gobierno concluye: “En suma, éstos testimonios no dejan duda sobre la urgencia de una profunda reforma al sistema de regalías, que altere su distribución regional; su asignación a favor de un gasto regional, y no exclusivamente municipal y departamental, orientado a grandes proyectos de desarrollo económico, social y de infraestructura”.

Sin duda, el fenómeno de la corrupción se ha presentado en los entes territoriales que reciben regalías, pero ese no puede ser un argumento central, basicamente por dos razones: la primera, no se puede castigar a la gente, en lugar de castigar a los corruptos y la segunda, para nadie es un secreto que en el sector central la corrupción ha desbordado de lejos esas cifras y los escándalos han asombrado a todos los colombianos. No voy a hacer un listado de los casos más sonados a nivel nacional porque sencillamente necesitaría varias columnas. Únicamente concluyo que no podemos aceptar esos argumentos del gobierno, pues conducen a un remedio peor que la enfermedad.

UNIDAD POR LA DEFENSA DE LAS REGALÍAS

Gobierno y Congreso de la República tienen en vilo a las entidades territoriales productores de petróleo y demás recursos naturales no renovables, e ilusionados a aquellas no productoras, a raíz de la discusión del proyecto de acto legislativo que modifica totalmente el régimen constitucional y legal de las regalías en nuestro país, creando el Sistema General de Regalías y dando lugar al nacimiento de cuatro fondos (el Fondo de Ahorro y Estabilización, administrado por el Banco de la Repùblica, constituido por una parte del valor total de los recursos provenientes de las regalías y compensaciones, el cual “tendrá como objetivo general absorber las fluctuaciones en el valor de las mismas, con el propósito de reducir la volatilidad en los ingresos de los beneficiarios”; El Fondo de Competitividad Regional, administrado por el Gobierno Nacional, el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional, estos dos últimos los cuales se “constituyen en un mecanismo de equidad entre las entidades territoriales del país y su finalidad es la financiación de proyectos regionales de desarrollo. La distribución de sus recursos se realizará con base en los criterios de pobreza, eficiencia, población y equidad regional”). Además, el proyecto dispone la supresión del cuestionado Fondo Nacional de Regalías. Dispone también la iniciativa constitucional que “los recursos del Sistema General de Regalías no harán parte del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, y el gasto que se realice con los recursos del Sistema, se programará y ejecutará en la forma que señale la ley...”

Las tesis centrales de la exposición de motivos son: 1- Que en las regiones productoras hay corrupción y mal manejo del recurso; 2- que no hay equidad en la distribución del recurso; y 3- que ante la bonanza venidera debemos tener una política adecuada de ahorro alineada a la regla fiscal.

Por supuesto que no estamos de acuerdo en castigar a toda una región o municipio cuando dos o tres o los que sean hayan invertido mal o se hayan robado las regalías.  Por supuesto que estamos de acuerdo en que las regiones no productoras tengan derecho a una parte de ese recurso y en que debemos manejar acertadamente la bonanza para no causar desarreglos económicos.

Nada habla el articulado como tal del proyecto de acto legislativo acerca de la distribución real de las regalías, pues se entiende que esa será de competencia de la Ley, pero es precisamente ahora cuando nos debemos poner de acuerdo y conciliar lo que haya que conciliar, partiendo de la base de que el concepto mismo de regalías está errado pues al menos buena parte de esos recursos deberían realmente concebirse como compensación o indemnización a los entes territoriales productores, los cuales se ven seriamente afectados por la producción en materia ambiental, social, hídrica, cultural, etc. Ahora bien, también estoy de acuerdo con que las normas que determinan la distribución de las regalías entre las diferentes entidades territoriales no han tenido en cuenta criterios como el número de habitantes a beneficiar, el número de personas o familias pobres, los índices de necesidades básicas insatisfechas de dichos habitantes, la capacidad administrativa y financiera de las entidades territoriales y los impactos ambientales, cuestión ésta de suma importancia cuando hablamos de compensación, pues no olvidamos que el recurso natural pertenece al país, pero se encuentra dentro de un territorio regional o subregional reconocido por nuestro orden jurídico. También creo que “la distribución de recursos de regalías con base en el diseño constitucional vigente genera la concentración del 80% de estos recursos en entidades territoriales que representan el 17% de la población y que esta situación produce inequidad en la distribución de una fuente de financiación que debería beneficiar de manera más equilibrada a todas las regiones del país”, tal y como lo afirma la exposición de motivos del proyecto.

Pero, ¿cómo armonizar estos conceptos para que las regalías beneficien a todo el país y, al mismo tiempo, compensen o indemnicen, justamente, los entes productores? ¿Debemos creerle al gobierno nacional quien nos dice en el proyecto que “desde luego, no se pretende despojar a las regiones productoras y a aquellas que presentan algún daño ambiental por estar en zonas de actividad minera; pero sí se espera que los recursos generados por esta actividad contribuyan al desarrollo regional del país, privilegiando a las regiones más pobres, a través de un fondo de Compensación Regional que premie la asignación de recursos a éstas? Si esa fórmula se cumpliera en la realidad quedaríamos todos tranquilos, pues a los entes productores con poblaciones importantes (caso Huila y Santander) se les garantizaría una compensación muy cercana a lo que ahora reciben y lo provendría del aumento por bonanza (calculado en un 60% para los próximos 10 años) en la producción minero energética de los próximos años serviría al país para ahorrar en épocas de vacas gordas y gastar en el de vacas flacas, y redistribuir a las regiones no productoras.

Pero lo cierto hoy es que la reforma tiene un sesgo abiertamente centralista. Todo está por discutir y, por lo menos los huilenses, no podemos descuidarnos si no, por el contrario, permanecer “en pie de lucha” para defender nuestros intereses.