lunes, 16 de junio de 2008

EL VOTO OBLIGATORIO O EL VOTO-DEBER


Contra la tendencia mayoritaria en el mundo de concebir el voto como un derecho con la libertad por parte del ciudadano de ejercerlo o no, está la creciente tesis del voto obligatorio o voto-deber establecido ya en gran parte de las democracias latinoamericanas y en países como Bélgica, Australia, Austria (Land de Vorarlberg), Liechtenstein, Luxemburgo, Grecia, algunos cantones suizos (Schaffhouse, por ejemplo) y otros. En Colombia nunca se ha podido implantar el concepto pues el clientelismo, la compra de votos y la corrupción política se encuentran cómodamente empotrados en el sistema del voto libre y las altas tasas de abstencionismo. Según la ponencia al proyecto de voto obligatorio del Representante Roy Barreras “las estadísticas electorales muestran que Colombia sólo ha superado el 50% de participación electoral en 20 elecciones de 60 celebradas entre 1914 y 1991, lo que lo convierte en el país con más baja participación en el continente”. Consecuencia de lo anterior es que nuestros gobernantes y legisladores son elegidos por las minorías, lo que trae como consecuencia poca gobernabilidad y baja legitimidad de sus mandatos. El debate sobre la implantación del voto obligatorio debe pasar forzosamente por la consideración de varios tipos de sanciones para aquellos que no cumplieren su deber de votar junto con la especificación taxativa de las excusas que pueden hacer valer los abstencionistas o las excepciones al deber de votar, y el proceso verbal muy expedito en el que sean valoradas las pruebas de las mismas. Además creo muy conveniente explorar otras categorías adicionales de incentivos para aquellos que cumplan su deber ciudadano o para los municipios en general en donde se obtengan las mejores tasas de participación electoral. Las sanciones, por otro lado, pueden ser económicas como multas o una mayor tasa de impuestos en los varios niveles fiscales; administrativas como la prohibición de nombrar, contratar, promover o ascender a cualquier persona que se haya abstenido de votar en la(s) elección(es) pasada(s). Corolario de todo lo anterior ha de ser el análisis de ciertas facilidades que se le debe brindar al ciudadano para que concurra a las urnas como por ejemplo el voto electrónico, el voto por apoderado, el voto por internet y hasta el voto por correo (en Bélgica es posible y ha funcionado bien), junto con la posibilidad de ampliar el tiempo de duración de la jornada electoral a dos o más días.
Finalmente, las ventajas de establecer el voto obligatorio son muchas: aumentaríamos mucho la tasa de participación popular en las elecciones, haríamos ineficaz el poder las maquinarias y la corrupción políticas, lograríamos legitimidades públicas elevadas y la entronización del voto de opinión tan detestado por los caciques regionales o nacionales, y lograríamos tener un ciudadano muchísimo más informado, entre otras.

TEMAS PARA UNA EVENTUAL REFORMA POLÍTICA EN COLOMBIA

El país sí quiere que se debata una reforma de verdad. Una reforma que toque el fondo, además de la forma. Los temas pueden ser muchos y será necesario lograr un acuerdo patriótico para introducir en nuestra Carta Magna las disposiciones necesarias. Haré una lista de los temas que considero son los más importantes y en próximos artículos profundizaré sobre cada uno de ellos.
Uno de los gruesos temas ha de ser el voto obligatorio. Hace mucho venimos evitándolo, pues nunca ha habido un interés real de nuestra clase dirigente, acostumbrada hace rato a prácticas clientelistas que se verían seriamente menoscabadas con la aprobación del voto obligatorio. La consecuencia es que Colombia pertenezca hoy a ese reducido número (dos o tres) de países que no lo tienen consagrado en su Constitución. La discusión debería centrarse en la consagración del voto deber en todas las elecciones, con la enunciación de fuertes sanciones pecuniarias y de otros tipos, para aquellos que no acudan a las urnas.
Otro, es la implantación de un sistema o régimen parlamentario en nuestro país. Este régimen ha funcionado muy bien en países desarrollados con una larga conformación de cultura política, pero la adaptación a la realidad criolla no es descabellada. Este régimen político se caracteriza por una decidida separación de los diferentes poderes públicos y la existencia de mecanismos regulatorios precisos en caso de desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo o Parlamento. El gobierno debe tener la confianza de la mayoría parlamentaria pues es responsable ante ella, debiendo renunciar cada vez que no cuente de las mayorías en el colegiado o teniendo el poder para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. La cabeza del Ejecutivo es bipartita: El Jefe del Estado (Presidente, Rey u otro) que encarna la continuidad del estado siendo irresponsable políticamente hablando y el Jefe del Gobierno (generalmente llamado Primer Ministro) que se encarga de asuntos administrativos y de las políticas de gobierno en general.
Otros temas son: La composición unicameral de nuestro Legislativo y la reducción del número de congresistas o parlamentarios; la financiación total de las elecciones por parte del estado, combinada con la prohibición de algunas prácticas nocivas para la democracia como la compra velada de votos a través de pago de pregoneros, regalo de camisetas u otras prendas de vestir, buena parte de la publicidad, etc; el regreso al federalismo y/o un asignación más justa y eficiente de los recursos fiscales del estado; la famosa silla vacía; la reelección indefinida presidencial y la reelección de Alcaldes y Gobernadores, junto con la redefinición de la estructura y funciones de las Asambleas y Concejos; la supresión de las Contralorías o la elección popular de Contralores y Personeros, etc, etc, etc.

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