martes, 5 de octubre de 2010

UNIDAD POR LA DEFENSA DE LAS REGALÍAS



Gobierno y Congreso de la República tienen en vilo a las entidades territoriales productores de petróleo y demás recursos naturales no renovables, e ilusionados a aquellas no productoras, a raíz de la discusión del proyecto de acto legislativo que modifica totalmente el régimen constitucional y legal de las regalías en nuestro país, creando el Sistema General de Regalías y dando lugar al nacimiento de cuatro fondos (el Fondo de Ahorro y Estabilización, administrado por el Banco de la Repùblica, constituido por una parte del valor total de los recursos provenientes de las regalías y compensaciones, el cual “tendrá como objetivo general absorber las fluctuaciones en el valor de las mismas, con el propósito de reducir la volatilidad en los ingresos de los beneficiarios”; El Fondo de Competitividad Regional, administrado por el Gobierno Nacional, el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional, estos dos últimos los cuales se “constituyen en un mecanismo de equidad entre las entidades territoriales del país y su finalidad es la financiación de proyectos regionales de desarrollo. La distribución de sus recursos se realizará con base en los criterios de pobreza, eficiencia, población y equidad regional”). Además, el proyecto dispone la supresión del cuestionado Fondo Nacional de Regalías. Dispone también la iniciativa constitucional que “los recursos del Sistema General de Regalías no harán parte del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, y el gasto que se realice con los recursos del Sistema, se programará y ejecutará en la forma que señale la ley...”
Las tesis centrales de la exposición de motivos son: 1- Que en las regiones productoras hay corrupción y mal manejo del recurso; 2- que no hay equidad en la distribución del recurso; y 3- que ante la bonanza venidera debemos tener una política adecuada de ahorro alineada a la regla fiscal.
Por supuesto que no estamos de acuerdo en castigar a toda una región o municipio cuando dos o tres o los que sean hayan invertido mal o se hayan robado las regalías.  Por supuesto que estamos de acuerdo en que las regiones no productoras tengan derecho a una parte de ese recurso y en que debemos manejar acertadamente la bonanza para no causar desarreglos económicos.
Nada habla el articulado como tal del proyecto de acto legislativo acerca de la distribución real de las regalías, pues se entiende que esa será de competencia de la Ley, pero es precisamente ahora cuando nos debemos poner de acuerdo y conciliar lo que haya que conciliar, partiendo de la base de que el concepto mismo de regalías está errado pues al menos buena parte de esos recursos deberían realmente concebirse como compensación o indemnización a los entes territoriales productores, los cuales se ven seriamente afectados por la producción en materia ambiental, social, hídrica, cultural, etc. Ahora bien, también estoy de acuerdo con que las normas que determinan la distribución de las regalías entre las diferentes entidades territoriales no han tenido en cuenta criterios como el número de habitantes a beneficiar, el número de personas o familias pobres, los índices de necesidades básicas insatisfechas de dichos habitantes, la capacidad administrativa y financiera de las entidades territoriales y los impactos ambientales, cuestión ésta de suma importancia cuando hablamos de compensación, pues no olvidamos que el recurso natural pertenece al país, pero se encuentra dentro de un territorio regional o subregional reconocido por nuestro orden jurídico. También creo que “la distribución de recursos de regalías con base en el diseño constitucional vigente genera la concentración del 80% de estos recursos en entidades territoriales que representan el 17% de la población y que esta situación produce inequidad en la distribución de una fuente de financiación que debería beneficiar de manera más equilibrada a todas las regiones del país”, tal y como lo afirma la exposición de motivos del proyecto.
Pero, ¿cómo armonizar estos conceptos para que las regalías beneficien a todo el país y, al mismo tiempo, compensen o indemnicen, justamente, los entes productores? ¿Debemos creerle al gobierno nacional quien nos dice en el proyecto que “desde luego, no se pretende despojar a las regiones productoras y a aquellas que presentan algún daño ambiental por estar en zonas de actividad minera; pero sí se espera que los recursos generados por esta actividad contribuyan al desarrollo regional del país, privilegiando a las regiones más pobres, a través de un fondo de Compensación Regional que premie la asignación de recursos a éstas? Si esa fórmula se cumpliera en la realidad quedaríamos todos tranquilos, pues a los entes productores con poblaciones importantes (caso Huila y Santander) se les garantizaría una compensación muy cercana a lo que ahora reciben y lo provendría del aumento por bonanza (calculado en un 60% para los próximos 10 años) en la producción minero energética de los próximos años serviría al país para ahorrar en épocas de vacas gordas y gastar en el de vacas flacas, y redistribuir a las regiones no productoras.
Pero lo cierto hoy es que la reforma tiene un sesgo abiertamente centralista. Todo está por discutir y, por lo menos los huilenses, no podemos descuidarnos si no, por el contrario, permanecer “en pie de lucha” para defender nuestros intereses.

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