El mundo cumple casi un mes y medio observando lo que ya se califica como el desastre petrolero de mayor envergadura en todos los tiempos. En efecto, el 20 de abril pasado la plataforma petrolera Deepwater Horizon de la British Petroleum, ubicada en el Golfo de México a 68 kilómetros de Luisiana, prendió fuego y empezó a derramar en un día, según los cálculos de numerosos científicos, unos 19,000 barriles al día 570,000 barriles en el mes, batiéndose así todos los records de desastres anteriores, salvo el de la plataforma Ixtoc en el mismo Golfo hace exactamente 30 años.
La catástrofe tiene por lo menos dos presuntos responsables: la BP y el Gobierno Estadounidense.
En cuanto a la British, investigaciones han concluido que fue negligente al no haber tenido en cuenta por lo menos tres señales de peligro extremo. La primera de ellas sucedió 51 minutos antes de la explosión y consistía en que claramente la cantidad de petróleo que salía de los pozos era mayor que aquella conducida a bordo de la plataforma, lo que indicaba sin lugar a dudas una fuga. Diez minutos más tarde, habiendo cerrado los pozos para una prueba había evidencia de que el líquido continuaba escurriéndose y la presión aumentaba anormalmente. 18 Minutos antes de la explosión la presión se elevó a niveles insoportables, lo que hizo por fin reaccionar a los funcionarios pero demasiado tarde pues la plataforma explotó algunos minutos después. La BP ha pagado un precio alto: pérdida del 37% de su valor en bolsa y cerca de 1000 millones de dólares gastados infructuosamente para detener la fuga. Pero aún es insuficiente. Por el lado del Gobierno americano, ya Obama aceptó la responsabilidad, dejando así las puertas abiertas de par en par para una avalancha de demandas contra el estado. Causa mediata de todo esto fue, sin duda, la irresponsabilidad con la que se manejaron las licencias de exploración “off shore” por la Agencia encargada del asunto, sin exigir los estudios y las medidas de control y seguridad del caso y, muchas veces, haciéndose el de la vista gorda ante el inicio de operaciones de exploración sin el permiso estatal.
Los daños han sido muy impactantes, no sólo para la economía y el turismo, sino, sobre todo, para la biodiversidad y en general para el medio ambiente cuya afectación es irreparable.
El Congreso estadounidense acaba de aprobar el aumento significativo (pasando de 8 a 34 centavos por barril) de una tasa cobrada a las empresas petroleras con el fin de nutrir los fondos de indemnización en casos de desastres como el de Deepwater. Con esta medida se pretende recoger unos 12 mil millones de dólares en 10 años para este tipo de indemnizaciones, lo que es un avance pero, otra vez, a todas luces insuficiente, ante la magnitud del fenomenal daño a la humanidad que causa este tipo de desastres. Sin duda será necesario pensar ya en la creación, para juzgar este género de delitos, de una Corte Penal Internacional para el Medio Ambiente, como lo ha propuesto la exministra del Medio Ambiente de Francia Corinne Lapage.
Lo demás quedará escrito en los anales de la historia para ser consultado año a año con ocasión de una marea negra mayor que la anterior.
Lo demás quedará escrito en los anales de la historia para ser consultado año a año con ocasión de una marea negra mayor que la anterior.
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